Los siniestros viales se han convertido en una pandemia silenciosa, que, en Colombia, durante los últimos 6 años, ha dejado a más de 30.000 familias sin una madre, un padre, un hijo/a, un hermano/a, un abuelo/a, etc. (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2022) Este fenómeno, es consecuencia de diferentes conductas de riesgo y escenarios que las actores viales asumen, como lo es conducir bajo el efecto de sustancias alcohólicas y/o alucinógenas, no portar los elementos de protección y superar los límites de velocidad establecidos en las vía (donde el factor agravante es el exceso de velocidad).
Cabe señalar que conducir con exceso de velocidad incrementa la probabilidad de causar o sufrir un siniestro vial, así como la gravedad de las lesiones que pueden resultar del mismo. Lo cual es demostrado por el experto Rune Elvik (2004), quien afirma que ante un aumento del 5% de la velocidad promedio de un vehículo, aumenta a su vez en un 19% el número de siniestros fatales (que involucra a un fallecido), en un 12% los siniestros con heridos graves y en un 6% los siniestros con lesiones leves. Siendo el exceso de velocidad la conducta de riesgo que más siniestros causa en la vía, lo cual es confirmado por el Instituto de Medicina Legal, quien establece que el 45% de los siniestros viales en Colombia se dan por exceso de velocidad, lo que ubica a esta conducta como la principal causa de fallecimientos y lesionados en las vías (Olaya, 2020).
En el año 2021, la siniestralidad en Colombia alcanzó una cifra récord, superando los 7.200 fallecidos, lo cual representa una cantidad superior al promedio de fallecidos en los últimos 12 años. Condición que se observó en todas las ciudades del país (en su mayoría en zonas urbanas), dejando en el territorio nacional más de 4.312 motociclistas fallecidos, 1.566 peatones fallecidos y 471 ciclistas muertos; usuarios que son especialmente vulnerables frente a la velocidad y representaron el 87 % de los fallecidos en el año 2021. Es importante mencionar que, de los 7.200 fallecidos, el 34,4 % corresponde a personas que se encuentran en una edad productiva entre los 15 y 29 años (son quienes más fallecen y lesionan), lo cual afecta el desarrollo de las personas, así como las finanzas familiares y públicas de la nación.
Frente a los riesgos que representa la velocidad para la salud pública y en general para la integridad y bienestar de los habitantes de la ciudad de Bogotá, su gobierno local decidió gestionar la velocidad en las vías. Con la implementación de un Plan de Gestión de la Velocidad en Bogotá en el año de 2019, en el cual se incluyeron estrategias de reducción de límites de velocidad en la ciudad (velocidad máxima de 50 km/h en la ciudad), estrategias de pacificación, zonas 30 en la cercanía a colegios y paraques, modificaciones a la infraestructura para disminuir las lesiones y fallecimientos, entre otras. Dicho plan tuvo un efecto positivo en la ciudad, dado que el número de fallecidos por siniestros viales se redujo en un 6,6 % desde su implementación.
Con la intención de proteger la vida e integridad de los colombianos/as que diariamente salen a la calle con sueños, anhelos y a buscar un mejor futuro, nace el proyecto Conduce a 50, ¡vive al 100!, el cual aboga por límites de velocidad compatibles con las actividades que se desarrollan en las ciudades, como caminar, montar en bicicleta o usar el espacio público. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto plantea el desarrollo de Planes de Gestión de la Velocidad (PGV) a nivel nacional, regional y local, por el respeto a la vida. Adicionalmente, se propone la adopción de una ley nacional de acuerdo con las buenas prácticas de la Organización Mundial de la Salud en límites de velocidad.
Si bien el marco legal colombiano, en su carta política, (art. 11) establece que el derecho a la vida es inviolable, y el Estado y sus instituciones deben garantizar la protección y respeto a la misma; la legislación nacional, en materia de seguridad vial, no se articula con esta premisa, lo cual permite que se impongan límites de velocidad que amenazan la integridad de los actores en la vía.
En este sentido, se hace evidente que se requieren acciones legales y técnicas que propendan por la protección de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, pasajeros y otros actores., que eviten las fatalidades y lesiones derivadas del exceso de velocidad en Colombia. En consecuencia, se busca desarrollar un marco institucional, regulatorio y técnico para que este sea adoptado de manera nacional, regulando los límites de velocidad, por medio de la creación obligatoria de Planes de Gestión de la Velocidad (PGV) a nivel nacional, regional y local. Adicionalmente, se propone la adopción de una ley nacional de acuerdo con las buenas prácticas de la Organización Mundial de la Salud en límites de velocidad.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2018, anualmente fallecen 1,3 millones de personas en siniestros viales, de los cuales el 93% ocurren en países en vías de desarrollo. A esto se suma que a nivel global los siniestros viales son la primera causa de fallecimiento en jóvenes entre los 15 y 29 años. Colombia no es ajena a esta situación, y desde el año 2014 han fallecido anualmente más de 6.000 personas en las vías del país. En el año 2019 fueron 6826 muertes, de las cuales el 53% correspondieron a usuarios de la motocicleta, el 25% a peatones y el 6,3% a ciclistas. Es decir, estos tres grupos representan el 84% de las víctimas fatales por accidentes de tránsito a nivel nacional (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2020). Es importante que la legislación colombiana aborde este grave problema y se regulen los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de fallecer o lesionarse en un siniestro vial, entre los cuales la velocidad tiene una contribución muy importante y negativa.
En Colombia las víctimas fatales de siniestros viales no sólo son cifras, son sueños terminados, familias sin sus padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, hijos, etc. No queremos más tragedias como las de Julián Esteban Chávez, el triste fallecimiento de los jóvenes de Gaira en Magdalena, y los miles de ciclistas, motociclistas, peatones y demás actores viales vulnerables que pierden su vida en circunstancias totalmente evitables.
Teniendo esto en cuenta, la presente investigación pretende generar documentos que contengan estrategias prácticas para la intervención de infraestructura vial y espacios urbanos, reduciendo las lesiones y fallecimientos en los territorios donde se implementen. Para tal fin, se utilizan metodologías cuantitativas y cualitativas que permitan describir y establecer la relación entre las variables de interés para la identificación de recomendaciones efectivas y aplicables en el contexto colombiano, favoreciendo la integridad de las personas y la movilidad sostenible.
Históricamente se ha favorecido la eficiencia y velocidad en las vías sobre la vida de quienes la transitan, caminan, pedalean, etc., y como resultado de ello, los límites de velocidad permitidos dentro de los perímetros urbanos y fuera de ellos son incompatibles con las dinámicas de los entornos que las rodean. Evidencia de lo anterior son las 1,3 millones de personas que fallecen anualmente en siniestros viales, cuyas víctimas corresponden en un 93 % a países en vía de desarrollo. Es importante resaltar que, a nivel mundial, para los jóvenes entre los 5 y los 29 años la primera causa de mortalidad son los siniestros viales. (Organización Mundial de la Salud, 2018)
Al igual que cientos de países, Colombia enfrenta una problemática en esta materia que ha ocasionado la muerte a más de 6.000 personas en las vías del país desde el año 2014. Durante el año 2019 los siniestros viales tuvieron como resultado 6.826 muertes, de las cuales el 84 % se vio representada actores vulnerables en la vía, entre los cuales se encuentran los usuarios de motocicleta con un 53 %, los peatones con un 25 % y finalmente los ciclistas con un 6,3 %. (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2020).
También, se pretende el desarrollo de una guía para la estandarización de Planes de Gestión de la Velocidad que se encuentre avalada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); que permita a los territorios implementar dichos planes. A su vez se busca promover la adopción de Planes de Gestión de la Velocidad en diferentes ciudades del país o de sus instituciones de infraestructura.